La inauguración de las viviendas propició una crisis que todavía se mantiene entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires, con idas y vueltas de ambas partes.
El Municipio de Lanús inauguró 50 nuevas viviendas en el Barrio ACUBA, en Villa Caraza, como parte del Proyecto de Urbanización y Relocalización de la zona, para el que se contó con una inversión de 700 millones de pesos y que generó rispideces entre el gobierno local y el de la Provincia de Buenos Aires, pues, pese a que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) se comprometió a aportar fondos, sólo cubrió el 15 por ciento del total, lo que propició críticas desde la intendencia.
¿Cómo son los espacios? Los hogares tienen entre dos y tres dormitorios, baño completo, cocina integrada, sala de estar y acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, gas y pavimentación.
Además, en los alrededores hay espacios verdes destinados al esparcimiento, plazas especialmente para que jueguen los chicos.
Este tipo de urbanización busca brindar un techo a las familias e integrar y mejorar la calidad de vida en la zona, que históricamente enfrenta desafíos de infraestructura y servicios.
La apertura del barrio se realizó el 30 de octubre y se llama "Diego Armando Maradona", en homenaje al astro futbolístico, nacido justamente un día como ese, hace 64 años, en el Hospital Evita de Lanús.
Se trata de una elección que busca rendir reconocimiento a quien representa para muchos en la ciudad un símbolo de lucha y perseverancia.
Desafíos en la financiación y las críticas a la Provincia
Este programa, que incluye 161 viviendas, fue diseñado en 2015, pero debido a la falta de financiamiento el proyecto sufrió múltiples demoras. Para agilizar los trabajos, el Municipio invirtió 700 millones de pesos y con ese dinero pudo terminar 50 hogares.
Esta situación generó un clima tenso entre el jefe comunal Julián Álvarez y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que a su vez se intensificó tras las declaraciones del intendente acusando a la Provincia de desatender las necesidades de infraestructura en Lanús.
En este sentido, Álvarez criticó públicamente la falta de apoyo financiero del OPISU, dirigido por Romina Barrios, y señaló que la administración provincial no cumplió con sus compromisos presupuestarios, obligando a Lanús a hacerse cargo de los costos de las obras. La respuesta desde el entorno de Kicillof no se hizo esperar. Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, minimizó las críticas y señaló que la verdadera responsabilidad recae en el presidente de la Nación, Javier Milei, en una clara referencia a la interna política del peronismo.
Quienes también salieron en su defensa fueron los miembros del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que envió un comunicado expresando que las tareas fueron llevadas a cabo por las cooperativas de trabajo San Jorge, La Prosperidad (CNCT), Artigas (CTA), La Unión de Pueblos Unidos, Unidad de los Trabajadores (Movimiento Evita), Virgen de Luján (CTD Aníbal Verón) y Evita (MTE). También informaron que se destinó un presupuesto de más de 500 millones de pesos para el desarrollo de las obras “que generaron puestos de trabajo, garantizaron el acceso a la casa propia y mejoran la calidad de vida de la comunidad”.
La disputa entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires tiene antecedentes en conflictos anteriores, como los choques con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, por temas de infraestructura y uso del puerto de Dock Sud, así como problemas de pavimentación y mejoras en unidades sanitarias.